PARTICIPACIÓN Y CONTROLSOCIAL EN LA DEFINICIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS Y LA REGULACIÓN DE LAS MISMAS.

Hacer valer los derechos de las personas requiere la existencia de ciertos mecanismos de control por parte de la ciudadanía. Estos pueden ser instrumentos de mercado, legales o de participación, tanto individual como colectiva. Los distintos instrumentos de control social requieren cierto contexto para ser eficaces y eficientes, favorecer la equidad y promover la formación de capital social. Se requieren también ciertas condiciones para que estos instrumentos sean sostenibles. Por ejemplo, los mecanismos de mercado funcionan mejor en contextos en los que existe mejor información y una distribución más igualitaria de los ingresos; los mecanismos legales son más eficaces y equitativos cuando existe un estado de derecho más desarrollado, y

los mecanismos de participación funcionan mejor en sociedades en las que existe una mayor cohesión social y confianza en las instituciones.

El Estado es responsable de ejercer la función normativa del sistema, la cual básicamente consiste en la definición de políticas y la regulación. Sin embargo, el que esta función sea responsabilidad del Estado no debe confundirse con que deba ser ejercida autoritariamente, desde la burocracia técnica y sin la participación de la ciudadanía. Al contrario, existen claras  ventajas al incorporar en su definición a los actores afectados por las políticas públicas, y no solo como expresión real de la democracia política, sino también como elemento creador de condiciones que favorecen la efectividad y la sostenibilidad técnica y política. En efecto, la incorporación de los actores afectados por las políticas públicas permite responder mejor a las necesidades de la ciudadanía, posibilita una mejor definición técnica de las normas y facilita su aplicación. Por otra parte, un proceso participativo de definición de políticas habilita a las personas como ciudadanos conscientes de sus derechos, facilita que ejerzan posteriormente un efectivo control social sobre el sistema, e incrementa el capital social, lo cual favorece su sostenibilidad

En general, en los países de América Latina y el Caribe la formulación de políticas en el sector de la salud continúa realizándose de forma centralizada, con escasa participación de las personas y baja adecuación a la realidad local. En Chile, por ejemplo, si bien existe una Ley Orgánica Constitucional de Gestión de Municipalidades que establece la obligatoriedad de contar con un Plan de Salud Comunal generado tras un diagnóstico con la participación de los ciudadanos, su implementación es aún precaria en la mayor parte de las comunas del país. En este proceso, liderado por el sector público de la salud, participan normalmente organizaciones sociales tradicionales o de voluntariado que no expresan la diversidad social. Los grupos o redes sociales emergentes, propios de una sociedad en modernización y más individualista, se reúnen en torno a problemáticas comunes, tales como temas medioambientales, culturales o de género.

Estas redes se caracterizan por su gran dinamismo en la vida social, pero son frecuentemente de carácter informal y esporádico, por lo que no siempre son convocadas a estos procesos de diagnóstico, como tampoco lo son las empresas privadas del sector de la salud. Por otra parte, los objetivos sanitarios son priorizados en el nivel central y, si bien se han abierto espacios para la incorporación de objetivos locales, no existen instrumentos ni capacidades en este nivel para que estos derechos puedan hacerse efectivos.

El contexto de globalización, de mayor crecimiento económico y de participación del sector privado en la salud está generando ciudadanos más informados, que tienen mayores expectativas y son más exigentes frente a los servicios de salud. Sin embargo, las aspiraciones de los ciudadanos se modifican a mayor velocidad que la capacidad de respuesta del sistema de salud. El proceso de cambio de la regulación desde una normativa desarrollada bajo una lógica de Estado benefactor y prestador de servicios de salud hacia una regulación pro-competitiva y con mayor participación y protección de los ciudadanos requiere un largo período de desarrollo.